Tras lo publicado ayer en este periódico acerca de la paralización de manera cautelar de la adjudicación del concurso del servicio sanitario terrestre, el Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gestión Sanitaria de Canarias (GSC), desmintió esta información y puntualizó que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó un auto, de fecha 4 de febrero de 2009, por el que denegó las citadas medidas cautelares del concurso de ambulancias solicitadas por la Asociación Regional de Empresarios del Transporte Sanitario (Artea).En concreto, el TSJC confirmó que la suspensión pedida por la patronal Artea y tramitada en pieza separada fue denegada, si bien el procedimiento ordinario continúa con su tramitación, tal y como consta en una Resolución del secretario general técnico de 26 de febrero. En dicho documento se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del expediente administrativo, y emplaza a todas las empresas interesadas en el referido recurso, a comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.De igual modo, y con la misma fecha, se ordenó la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº19/2009, seguido a instancia de Transportes Sanitarios de La Palma, cuyo objeto es la orden de la consejera de Sanidad de 2 de diciembre de 2008, que desestima el recurso especial formulado por la entidad recurrente contra su exclusión como licitadora en el procedimiento de contratación de los servicios de transporte sanitario y terrestre y no urgente para las zonas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, y el emplazamiento a cuantos aparezcan como interesados en el referido concurso, a fin de que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días. Por otro lado, y en referencia al abono de las cantidades facturadas por la empresa Manuel Guerra Castellano, así como el resto de empresas prestadoras del servicio de ambulancias, Gestión Sanitaria de Canarias reiteró ayer a este periódico que "siempre" ha pagado de forma anticipada a lo pactado contractualmente.En este sentido, GSC subrayó que "la situación real de la empresa denunciante, en su relación histórica con los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de sus obligaciones, ha mantenido con la Tesorería de la Seguridad Social deudas millonarias, superando en muchos meses el millón de euros, añadiéndose a esa incuestionable ilegalidad -sólo imputable a Manuel Guerra Castellano-, el incontestable hecho de las numerosas irregularidades por las que ha sido condenado con sentencias judiciales y resoluciones administrativas firmes". Gestión Sanitaria de Canarias manifiesta igualmente que "en demasiadas ocasiones, ha tenido que actuar en salvaguarda de los intereses generales y de los particulares de los trabajadores de la empresa, instando al denunciante a que cumpliera con sus obligaciones laborales e incluso en materia de seguridad e higiene en el trabajo; hasta el punto que existen más de cien procedimientos por incumplimiento de las obligaciones contractuales del denunciante". Al corriente de pago.
"Las deudas con la Seguridad Social han sido de tal calibre que GSC se ha visto en la obligación legal, ineludible, de realizar retenciones de la facturación de la denunciante, si bien, con las correspondientes cautelas y con el único objetivo de que se abonaran las nóminas a los trabajadores", arguye la empresa pública, quien además espeta que "el contrato suscrito por la empresa referida y GSC señala en su cláusula octava que "las facturas serán abonadas a los 30 días de su recepción". Así, por ejemplo, la factura de 31 de enero de 2009 fue abonada el pasado 9 de febrero (21 días antes de lo pactado) y la factura de 28 de febrero fue abonada el 5 de marzo (26 días antes de lo pactado) por lo que "Gestión Sanitaria de Canarias no sólo ha cumplido con lo pactado sino que ha anticipado el pago". Al respecto, desde la patronal de las ambulancias hicieron llegar ayer a DIARIO DE AVISOS una copia de un certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que se certifica que la empresa Manuel Guerra Castellano, S.L. no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario