Neus Caballer - Cinco Días (edición digital)
La reforma del sistema nacional de Formación Profesional (FP) propuesta por el Gobierno para transitar de un modelo económico basado en el ladrillo a un modelo de crecimiento edificado sobre el conocimiento y la innovación echa a andar con seis meses de retraso. El Gobierno aprobará en el primer Consejo de Ministros de julio el real decreto que permitirá convalidar la experiencia laboral -y otros cono-cimientos- por módulos de FP, según el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS. Asimismo, mediante una modificación en marcha del real decreto de la FP se "reordenan" y "flexibilizan" las pasarelas entre diferentes ramas formativas, para promover que el trabajador que haya adquirido el "certificado profesional" y complete con otros módulos la obtención del título de técnico del nivel 1, continúe estudiando para alcanzar los niveles superiores 2 (FP de grado medio) y 3 (grado superior).
Un joven de 18 años que haya trabajado dos podrá acreditar el nivel más básico
España confía en que el mecanismo incremente la cifra de titulados técnicos
Las primeras profesiones en acreditar serán las relacionadas con la Educación Infantil (para reforzar el plan nacional Educa3 para la escolarización de los niños de 0 a 3 años) y con la Ley de Dependencia (más del 90% de las personas que trabajan en esta área no tiene titulación alguna). La rama de energías renovables, de momento, se aplaza.
Una comisión mixta, integrada por representantes de los tres sectores -educativo, productivo y de empleo-, será la encargada de la designación de los asesores que evaluarán "el historial personal, formativo y laboral y documentarán la trayectoria formativa de un ciudadano". Los comités de evaluación podrán verificar el proceso con entrevistas personales al candidato o visitas in situ a su lugar de trabajo.
Cataluña y Baleares están preparadas para lanzar la primera convocatoria en septiembre, en coordinación con el Gobierno, en las estas dos áreas "prioritarias" que en mayo ya adelantó el presidente Zapatero en el Debate del estado de la nación.
A las convocatorias podrán acceder todos ciudadanos con 18 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción para acreditar cualificaciones de nivel 1 y justificar dos años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas. O tener 20 años y justificar al menos tres años con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 10 años transcurridos, para los niveles 2 y 3.
La principal novedad, en el caso español, es que evaluará y acreditará y convalidará las tres competencias: la adquirida a través de la formación ocupacional profesional (los certificados que da el Ministerio de Trabajo), la adquirida a través de una formación inicial básica (Educación) y la experiencia laboral obtenida en el puesto de trabajo. Por primera vez, el trabajo se convierte en la mejor escuela.
"Se trata de que una persona, una vez haya podido acreditar una, dos o las tres vías de formación adquiridas a lo largo de toda su vida, obtenga un trozo de título, acumulable a lo largo de su vida laboral y formativa", explica Miguel Soler, director general de Formación Profesional. "Y que, una vez acreditado, no se conforme con esto y prosiga sus estudios de FP".
España confía en que con este mecanismo se incremente el número de titulados técnicos para abrazar la media europea. "Ahora está a 15 puntos de la UE, mientras que supera en cuatro o cinco puntos la media en titulados universitarios", matiza Soler.
El marco europeo de la formación contempla un total de ocho niveles, basados en "criterios comunes" aceptados por todos los países sobre "los conocimientos, destreza y competencia que debe tener un trabajador". Y en este marco, cada país elabora "su correspondencia con los niveles europeos". Es un mecanismo similar al seguido por las universidades durante el proceso de Bolonia, para homologar los créditos que debe tener el doctorado, el master y el título de grado, que ahora aterriza de lleno en las enseñanzas medias.
Mediante un "dispositivo de traducción", cada país trabaja en la elaboración de la correspondencia de cada titulación con los niveles europeos, con el objetivo declarado en la cumbre de Lisboa (2000) de caminar hacia un "currículum vitae común". Una especie de carné laboral europeo que fomente, además, la movilidad en el empleo entre ciudadanos europeos. El decreto de acreditación de la experiencia laboral y formación adquirida fuera del sistema reglado es, pues, el primer paso.
Plataforma de formación 'online'
Un trabajador que acredite las competencias adquiridas en sus años de vida laboral tendrá un certificado oficial que le facilitará la movilidad laboral en España y en Europa. El problema es que el porcentaje de población española entre 18 y 24 años que abandona los estudios es de los más altos de la Unión Europea. Un 30,6% frente al 8,3% que tiene Finlandia. En este contexto, el principal reto pasa por diseñar una formación a la carta que se adapte a los diferentes colectivos: los que cuentan con un título de graduado escolar o no; con módulos de formación cursados, o no; con cursos de formación ocupacional, o no. Y las nuevas tecnologías son un factor clave e ineludible. El Gobierno trabaja con las autonomías en una Plataforma de FP online semipresencial, que podría entrar en marcha a lo largo del próximo curso 2009-2010, para facilitar la obtención del título por parte de trabajadores o parados.
"Las nuevas tecnologías son un fenómeno imparable que permiten que un ciudadano pueda acceder a la formación a lo largo de su vida y puede, además, compatibilizar su horario laboral con el formativo", adelantó el jueves Miguel Soler, el director general de FP de Educación, en Valencia.
"El interés fundamental es elevar el nivel de formación de la población, ya que todas las estadísticas apuntan a que en 2015, sólo el 15% de empleos serán para trabajadores de baja cualificación", apunta.
Soler subraya que la vía de la cualificación profesional hacia la obtención de un carné o currículum vitae europeo es un instrumento fijado en 2000 por la UE para alcanzar los Objetivos de Lisboa. El Gobierno calcula que 200.000 trabajadores son beneficiarios potenciales.
Enviado por Carlos Ojeda
